Libertad de expresión ..?

Representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México y parte del Consejo Regional para América Latina y el Caribe.

El ejercicio de los derechos informativos vigentes en el mundo, así como en diversos tratados internacionales son, en términos jurídicos, vigentes en nuestro país, sin embargo la falta de mecanismos reales para su pleno ejercicio han permitido que en México estos derechos, a fuerza de no ejercerse casi se olvidan. ¿Tenemos los ciudadanos derechos en materia informativa?. ¿Cuáles son estos derechos y como podemos ejercerlos?. ¿La libertad de expresión es para nosotros o solo para los periodistas y concesionarios de los medios?, ¿Tenemos derecho a saber?, ¿Los ciudadanos podemos manejar nuestros propios medios de comunicación, como en tantos otros países del mundo?

Normalmente cuando nos referimos a la Libertad de Expresión y derechos a la Información en nuestro país, tendemos a creer que son temas que sólo competen a los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo el ejercicio de ambos derechos por parte de la ciudadanía son esenciales para la democracia.

La información que es emitida por los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, forman parte esencial de la vida de la gente, es a partir de ella que se conforma una idea de la realidad, que construye opiniones que le permitan tomar decisiones en su vida diaria, por quién votar, que servicios utilizar, etc.

La información es un bien social y los medios de comunicación suelen hacer uso de ella más para intereses de grupo que para beneficio de la sociedad en su conjunto. Es con el manejo de la información que los medios de comunicación se han convertido en el primer poder de nuestro país: tiran y levantan políticos, hacen líderes de la noche a la mañana, establecen la agenda pública, generan corrientes de opinión... precisamente por el impacto que tienen en nuestra sociedad debiera establecerse de manera más clara su responsabilidad social, pues finalmente están usufructuando un bien nacional que es el espectro radioeléctrico.

La finalidad primaria de los medios de comunicación es el servicio público, por lo que la libertad de expresión no puede ser supeditada a ofertas económicas, cuyo carácter mantiene un criterio de exclusión a la ciudadanía. La tradicional relación de favoritismos entre el gobierno y los medios permitió que durante mucho tiempo las concesiones se asumieran como propiedad de un solo individuo o asociación. Los concesionarios insisten en que la ley se quede como está, considerando a los medios electrónicos como de "interés público", concepto que restringe la posibilidad de exigirles mayores responsabilidades para que atiendan las necesidades de educación e información de la sociedad.

Numerosas declaraciones avaladas por organismos internacionales y por operadores de medios de comunicación han puesto el acento en lo que, en los últimos tiempos, se ha llamado "derecho a comunicar" que establece la necesidad de Garantizar el pleno acceso a los medios de comunicación de los pueblos, comunidades y personas de las culturas originarias, incluyendo la transferencia de tecnologías, la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, el derecho a la diversidad y a la diferencia, la preservación del patrimonio cultural indígena, fortaleciendo los valores de paz.

La libertad de expresión no puede restringirse a las formas que adoptan los medios electrónicos privados en nuestro país. La carencia de condiciones para la existencia de medios ciudadanos y comunitarios en México ha sido una de las mordazas mas eficientes que el poder ha impuesto a los ciudadanos y sus organizaciones. Resulta fundamental el crear las condiciones jurídicas y de apoyo institucional para el crecimiento de medios comunitarios y ciudadanos que representen a sectores concretos de nuestra sociedad.

Garantizar la existencia de los tres sectores de la comunicación resulta una prioridad en la agenda de la libertad de expresión en nuestro país. Hasta el momento tenemos reconocido al sector privado, quien a demás tiene los monopolios más grandes de América Latina, tan sólo el 86% de la televisión está concentrada en manos de dos familias, del total de la radio el 80% se concentra en 13 grupos. Para el sector de los medios de Estado tenemos pírricos porcentajes de frecuencias pero tienen una certeza jurídica. El grave problema empieza cuando hablamos del tercer sector, el de los medios comunitarios y ciudadanos, éstos han sido sistemáticamente acallados, perseguidos y cerrados.

A finales del mes de marzo de este 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de Gobernación, tenían todo preparado para iniciar un operativo y cerrar a todas las radios "clandestinas", extraño adjetivo para emisoras que operan de cara a la sociedad y a las comunidades donde prestan sus servicios, espacios donde la gente común y corriente puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, donde opina y expresa lo que quiere y aspira como sujeto social.

Como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de México hicimos de conocimiento público este inminente operativo, y lo que obtuvimos fue una amplia respuesta social donde diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, alertaron a las autoridades y especialmente a la Secretaría de Gobernación, del grave error en el que incurrirían al atacar medios que cumplen con un servicio social que no han podido prestar otros medios, cerrar medios operados por grupos de la sociedad civil que hacen un ejercicio responsable de su libertad de expresión implicaba un grave atraso en el proceso de democratización, máxime cuando teníamos conocimiento de que era el ejército el que estaba denunciando a este tipo de emisoras por no contar con los permisos respectivos para transmitir. La inclusión del ejército en temas que atañen al ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos era una grave, muy grave, señal para la aspiración de democracia que tenemos para nuestro país.

Con documentos demostramos a la Segob, que si estas emisoras operan sin permiso, no es por una vocación de ilegalidad, sino por la sistemática negación de los permisos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algunas de ellas como radio Huayacocotla, que opera en la sierra veracruzana, tiene desde 1978 tratando de obtener un permiso de señal abierta, sin que hasta el momento haya tenido una respuesta positiva, y así podemos ir ejemplificando cada uno de los casos de las radios comunitarias que están operando sin permiso. Del total de emisoras que integran nuestra red y que son operadas por grupos ciudadanos (23 radios, la mayor parte indígenas y campesinas), sólo a una de ellas le han dado el permiso, hace más de 20 años, las demás pese a todos sus esfuerzos, no han logrado que se les otorgue el permiso correspondiente, incluso una de ellas, Radio Universidad de Guerrero, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, tiene desde 1982 solicitando su permiso sin que hasta el momento lo haya obtenido. El restante de las emisoras por pertenecer a instituciones del Estado (21), cuentan con su respectivo permiso.

En el fondo están las presiones de los grupos más duros de los concesionarios de radio y televisión que se resisten a la participación ciudadana en los medios de comunicación, pero también es el profundo desconocimiento que se tiene de este tercer sector de la comunicación, la comunicación ciudadana y comunitaria. Aprovechando este vacío de conocimiento es que han querido meternos a todas en un mismo saco calificándonos de clandestinas, subversivas y proguerrilleras, las generalizaciones son peligrosas, y más que nadie las autoridades y las instituciones encargadas de implementar las políticas públicas, tienen la responsabilidad de no caer en este juego perverso de las generalizaciones.

Como AMARC hemos insistido ante las autoridades de la necesidad de que conozcan a estas emisoras, que las escuchen y vean en donde trabajan y como desarrollan sus proyectos; que las conozcan por sí mismos, y no a través de las versiones de quienes insisten en descalificarnos.

El interés de la ciudadanía para impulsar espacios de radiodifusión comunitaria habla de un real avance democrático en nuestro país, de un entendimiento acerca de la importancia del desarrollo social integral, equitativo y justo, y de una promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad participa, opina y genera propuestas corresponsables. Por lo que insistimos en que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento del tema, en atender por la vía del diálogo y encontrar soluciones a este fenómeno de participación y expresión ciudadana, y no quedarnos con la solución simplista de utilizar el criterio de tabla rasa de que todas son ilegales y están transgrediendo la ley, aplicando una normatividad que tiene más de 40 años y que no responde a la realidad de nuestro país.

Seguir entendiendo la regulación de la radio y la televisión sólo como un asunto de desarrollo empresarial va en contra de los estándares internacionales para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de cualquier sociedad, la inclusión sólo de criterios económicos y técnicos para normar el quehacer de los medios, ocasiona no solamente exclusión de la sociedad para acceder a las frecuencias, sino que es limitativo y violatorio al ejercicio de estos derechos humanos. La radio y la televisión tienen una veta empresarial que es necesaria, pero no es la única, también tiene la veta de los derechos humanos y ahí estamos incluidos todos los ciudadanos.

Así como ahora consideraríamos inadmisible el cierre de algún periódico de algún grupo para reivindicar su agenda social, por ser un atentado a la libertad de prensa, lo mismo sucede con una radio, ya que con este instrumento, los grupos sociales están haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, sólo que en lugar de la prensa están utilizando un soporte técnico distinto que se llama radio. De acuerdo en que el espectro radioeléctrico es finito y corresponde al Estado su administración (y precisamente por eso debe ser administrado considerando los intereses de todos los mexicanos y no solo de algunos), pero también lo cierto es que esta administración ha sido totalmente desventajosa para los grupos sociales que pretendemos hacer uso de él y en 40 años de legislación vigente, sólo a UNA radio comunitaria le han otorgado el permiso (Radio Teocelo en Veracruz), y eso sin lugar a dudas se le llama inequidad y exclusión.

Pese a que hemos demostrado que las radios comunitarias generan un gran beneficio social, un grupo de concesionarios siguen presionando para que sean cerradas y desaparezcan de una vez por todas, aduciendo que somos ilegales, que somos competencia desleal porque comercializamos espacios, que interferimos sus frecuencias. No dudamos que puedan existir los grupos que lo hagan, pero de eso a decir que todas somos iguales hay una gran diferencia. No podemos hablar por todas las radios, pero en lo que atañe a las radios de nuestra red, por estatutos y convicción creemos en la legalidad, en medios no lucrativos y en la vía del diálogo para dirimir nuestras diferencias y llegar a los acuerdos.

Así como cada movimiento social tiene una gran diversidad de sectores, posturas y acciones, lo mismo sucede con este movimiento social que pone su apuesta en los medios comunitarios, así que cuidado con las calificaciones a priori, iniciar una cacería de brujas es contrario al Estado de derecho, al diálogo y a nuestra democracia. No hay que olvidar que una buena parte de las emisoras comunitarias están en zonas indígenas y campesinas, con aquellos sectores menos favorecidos por el desarrollo, así que ir en contra de ellas, es ir contra estos sectores marginados históricamente, y que están generando una propuesta responsable de comunicación.

La discrecionalidad para otorgar los permisos por parte del Ejecutivo, ha generado un sistema de exclusión de los ciudadanos para tener nuestros propios medios, en clara contradicción con los estándares internacionales que reconocen la necesidad de garantizar la existencia de las radios comunitarias. El Relator de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2000, en el capítulo referente a las radios comunitarias afirmó:

"Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos... Por lo expresado, la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos..."

Profundizando en este concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo judicial creado por el propio Pacto, ha sentado antecedentes cuando expresa, en su Opinión Consultiva 05/85 del 13 de noviembre de 1985 que:

• "cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas; de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especial.

  Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

  En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
  

  Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo de que una restricción a las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
  

  (...) Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla".

Existen muchas radios comunitarias en nuestro país y que no necesariamente están en una red, por lo que creemos que las autoridades deben de ser cuidadosas para no agredir a medios que cumplen con un verdadero quehacer comunitario. En los países más democráticos del mundo estas emisoras tienen un marco normativo que las reconoce como necesarias para la pluralidad informativa. Hablamos de países como Canadá, Francia, Suiza, Estados Unidos, entre otros. El reconocimiento legal de la radiodifusión ciudadana y comunitaria está desde hace décadas y no ha pasado nada: ni la industria ha perdido auditorio, ni dinero, ni hay un desorden en el espectro radioeléctrico... nada, solo una diversidad mediática que aporta a la discusión de los temas públicos.

En estos tiempos de globalización, monopolios mediáticos y homogenización creciente, las radios comunitarias son espacios de participación ciudadana, donde la persona común y corriente tiene la posibilidad de expresar su mensaje a la comunidad, donde se expresan todas las voces. El derecho a ser y pensar diferente se vuelve un imperativo de la democracia.

De poco han valido las recomendaciones y pronunciamientos de los organismos de Internacionales de Derechos Humanos al Gobierno Federal entorno a establecer criterios democráticos para el acceso de los ciudadanos a las frecuencias radioeléctricas, de la expresión en este mismo sentido de otros actores en la que piden que se de una solución para la legalización de las emisoras, tales como legisladores, académicos, organizaciones sociales; la última petición proviene de escritores como Carlos Fuentes, Juan Goystisolo, Carlos Monsiváis, el pintor Francisco Toledo, entre otros, quienes en una carta dirigida al Presidente de la República establecen que ""Los medios de comunicación electrónicos y la forma en que son concesionados y permisionados son uno de los lastres más antidemocráticos de nuestra vida política. Es por ello que instamos a las autoridades gubernamentales a reconocer el derecho de los pueblos a tener sus propias radios, a validar legalmente la labor social que estos proyectos de comunicación realizan... rechazar en la actualidad los permisos a las radios comunitarias es igual a mandar quemar y destruir las maquinarias de las imprentas de los periódicos en el siglo XIX y XX".

La firma de esta carta se dio en el marco de la signatura del convenio entre Radios Comunitarias y Francisco Toledo, para que dichas emisoras transmitan programas con contenidos culturales. La invitación a este evento se hizo extensiva a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación, sólo asistió ésta última, la SCT la rechazó, dando nuevamente el mensaje de que no le interesa ninguna interlocución con los ciudadanos a los que tiene como responsabilidad atender y servir, como corresponde a cualquier autoridad del Estado, y por lo tanto tender mecanismos de diálogo para encontrar soluciones.

De acuerdo al informe anual de 2003 emitido públicamente en marzo de este año por el Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que en México uno de los temas de mayor debate en materia de legislación vinculada con los medios electrónicos, se relaciona con la necesidad de acotar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos en materia de radio y televisión, especialmente para los grupos ciudadanos. Por lo que la Relatoría señala que, dada la importancia que pueden tener estos canales comunitarios para el ejercicio de la libertad de expresión, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios o formas de dilación que obstaculicen la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias (punto 234 del capítulo II del informe).

Semanas antes de que se diera a conocer este informe, el 3 de marzo se realizó la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para presentar la situación de las radios comunitarias en México, razón por la que este organismo internacional pidió la presencia del gobierno mexicano para que las autoridades competentes también se presentaran. En dicha audiencia, primera que se da sobre el tema específico para un país, resaltó la ausencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), instancias encargadas del tema en México, ya que ha sido ya una practica frecuente por parte del Estado mexicano el presentar a las autoridades responsables de los temas cuando se dan estas audiencias, así que la postura del Gobierno Federal la presento la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Juan José Gómez Camacho, Director de la Unidad de Derechos Humanos.

El representante gubernamental inició su participación diciendo que aunque ciertamente en México el marco normativo de Radio y Televisión necesitaba adecuarse a los parámetros de libertad de expresión de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, en nuestro país se ha trabajado para que así sea, y una prueba clara de ello era el decreto del 10 de octubre de 2002, producto de los consensos logrados en la llamada Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Ley Federal de Radio y Televisión. Esta y otras mentiras más, están en el informe escrito que entregó el Gobierno Mexicano a dicho organismo internacional, tales como afirmar que este decreto acota la discrecionalidad de la autoridad para el otorgamiento de permisos y brinda mayor seguridad jurídica y transparencia en los procedimientos de obtención de los mismos.

La credibilidad del Gobierno Mexicano quedó en entredicho con este informe, pues en la visita oficial que hizo el relator de libertad de expresión el año pasado a nuestro país, una de las principales quejas que escucho fue que el Gobierno Federal paso por encima del diálogo entre todos los actores que estaban en la Mesa y emitió de la noche a la mañana lo que se conoce más como "el decretazo", razón por la que las organizaciones sociales desconocieron su legitimidad y le pidieron públicamente al Congreso que siguiera con el proceso de diálogo y legislara en la materia, tal como es su responsabilidad. Meses después dichas organizaciones presentaron una propuesta de ley en la materia, que la Cámara de Diputados ignoró, pero que el Senado convirtió en iniciativa de Ley en diciembre de 2002, y que hasta ahora sigue en el sueño de los justos.

Por su parte la CIDH, a través de sus comisionados, pidieron al Gobierno Mexicano que establezca las condiciones para fortalecer el diálogo e involucrar a más actores de la sociedad, así como iniciar la estandarización de los parámetros de respeto a la libertad de expresión en la normatividad interna, por lo que dará un seguimiento cercano a los avances en el proceso de diálogo, así como realizar una evaluación sobre los mismos en una sesión de trabajo en su próximo periodo de sesiones que será en octubre. El representante gubernamental aceptó.

Las radios comunitarias han demostrado el servicio público que prestan a sus comunidades, las dificultades para acceder a las frecuencias y su aspiración por que exista un reconocimiento legal a un ejercicio responsable de su libertad de expresión. Hace poco más de un año que han insistido por todas las vías en una solución a través del diálogo, demanda a la que ha respondido la Secretaría de Gobernación, pero la SCT que tiene en sus manos la solución para autorizar las frecuencias, al más viejo estilo, ni las ve ni las oye.